El 17 de noviembre el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para tratar la Interrupción Voluntaria del Embarazo, desde el CIPCE, exigimos a les integrantes del Poder Legislativo que lo hagan ley!
Es sabido que la penalización del aborto atenta contra la capacidad de las personas a decidir sobre sus propios cuerpos, no desalienta la interrupción del embarazo -generando graves riesgos para quien lo lleva adelante- y falla en su supuesto fin de protección de la vida intrauterina.
La imposibilidad de acceder al aborto legal, seguro y gratuito a su vez genera un mercado criminal que mueve millones de pesos anualmente*
Los mercados criminales en general y este en particular, requieren de una gestión empresarial. Como cualquier otro tipo de empresa lucrativa que pretende obtener los mayores ingresos con los menores costos posibles. De esta forma, la penalización del aborto estructura un mercado criminal en donde existen enfermerxs, médicxs, farmacéuticxs, grandes empresas de la salud, que brindan sus servicios en consultorios clandestinos (o en clínicas de renombre) y que cobran por cada procedimiento un precio que va desde los 15 mil hasta los 60 mil pesos (o más)**. Este grupo de personas (físicas y jurídicas) tienen que lavar sus ganancias ilícitas para ocultar su origen y poder utilizarlas en el mercado legal sin ser detectados por el Estado.
En resumen, como señalamos desde hace años, aportando nuestra especificidad a la marea verde, toda acción que mantenga el status quo, propicia este mercado criminal, que permite el enriquecimiento de unxs a costa del cuerpo de otrxs.
Que el aborto legal, seguro y gratuito sea ley!