Si condenan a Alsogaray, ¿qué pasará con el dinero?

Si condenan a Alsogaray, ¿qué pasará con el dinero?

 

En la causa se investiga el convenio firmado en 1992 entre la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente y la Universidad de Lomas de Zamora, para que ésta le brindara asistencia técnica a la Secretaría, involucrando la contratación de pasantes.

Dafne Palópoli, la fiscal interviniente, solicitó al Tribunal Oral Federal Nº 6 la pena de 4 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos para la ex funcionaria, acusada por “administración fraudulenta” y “peculado”. También se pidieron penas de 4 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos a Pascual Antonio Romeo (Director Técnico Administrativo de la Secretaría de Alsogaray) y a José Merlino (quien representaba a la Universidad en cuestión).

Con respecto a la maniobra, la fiscal señaló que “no existieron registros contables de ningún tipo en el ámbito de la Secretaría que permitieran justificar el destino de los fondos adjudicados para solventar dicho convenio [...] durante el primer semestre de la maniobra se confeccionaron recibos apócrifos que demostraron que muchas de aquellas firmas que aparecían en los recibos no eran de personas de existencia visible según los datos que surgen del padrón electoral

La lentitud con la que ha tramitado este caso vuelve a evidenciar la ineficiente persecución de los hechos de corrupción. Sin embargo, lo que nos interesa preguntarnos ahora es: incluso si se condena a Alsogaray, ¿qué se hará para recuperar el dinero robado? El primer problema que tiene el Estado es, como siempre, estimar cuál es este monto. Los medios mencionan cifras como seis millones de pesos/dólares, y 8 millones. Sin embargo, los pedidos de penas de prisión ocupan la escena principal, y el recupero del dinero no parece tener importancia.

En este momento están teniendo lugar los alegatos en el juicio. Esperamos que la impunidad de la corrupción no se ataque únicamente a través de la cárcel, sino también desde la reparación del daño causado a la sociedad. Y eso únicamente puede hacerse a través del decomiso del dinero y su destino a un fin social.

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