El Cártel de Juárez, de los más poderosos del planeta, eligió la ciudad y la zona para blanquear plata proveniente de la droga.
LA BRUJULA 24 realizó una investigación sobre esas propiedades adquiridas por los narcos mexicanos y sus testaferros argentinos.
Informes de Interpol, de la Justicia Federal y de una comisión especial del Congreso de la Nación echaron luz sobre los movimientos del Cártel en el país. Es así como, se pudo comprobar que el empresario inmobiliario de Mar del Plata Nicolás Di Tulio armó una red de “prestanombres e intermediarios” para las inversiones y compras de bienes por parte de los entonces capos narcos Amado Carrillo Fuentes y Eduardo González Quirarte.
Carrillo Fuentes fue el fundador del Cártel y el máximo traficante de cocaína en la década del ’90 tras la muerte de su competidor colombiano Pablo Escobar Gaviria. Su apodo nació por su modalidad de enviar de 10 toneladas de sustancia en aviones Boeing 727 a los que le retiraba el fuselaje para que tuvieran máxima capacidad.
Cuando los jefes del Cartel de Juárez contactaron a Di Tullio para blanquear el dinero del narcotráfico le preguntaron si tenía los contactos necesarios para realizar las transacciones de fondos.
Según el informe de la Comisión de Investigación de Lavado de Dinero, que integraron Elisa Carrió y Graciela Ocaña entre otros, Di Tullio se contacta con Aldo Luis Ducler, presidente de Mercado Abierto.
Más tarde, en una declaración judicial, Ducler señaló que “no tenía motivos para sospechar acerca de la proveniencia de los fondos que circulaban por las cuentas debido a que eran girados desde bancos de primer nivel”.
Lo mismo dijeron las autoridades de la conocida casa de cambio García Navarro y Ramaglio, “hermana” de la Pullman bahiense, quien realizó al menos tres transferencias.
Eduardo González Quirarte sigue prófugo en México y aun hoy es identificado como uno de los líderes del Cartel de Juárez. Manuel Jesús Bitar Tafich, el principal operador del Cartel en Chile, fue detenido el 2 de agosto de 1997 en el Distrito Federal, cuando volvía a México desde Santiago.
La primera, detectada el 22 de agosto de 1997, fue por una suma de 242.022 dólares. Se envió desde el Citibank de Nueva York a García Navarro y Ramaglio y como beneficiario Di Tullio.
La segunda, el 24 de octubre de 1997. Otra vez desde el Citibank de NY a García Navarro y Ramaglio. Fueron 591,628 dólares. Y la tercera fue el 1 de julio de 1998. Dos millones de dólares, también del Citibank a García Navarro y Ramaglio. Quien retiró el dinero fue Di Tullio.
En mayo de 1998 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció los resultados de la investigación “Casablanca”. Agentes encubiertos se habían infiltrado durante años en el Cartel de Juárez para conseguir pruebas de su accionar.
Pudieron probar que en solo un año, la organización criminal había blanqueado 43 millones de dólares.
Entre las cuentas detectadas están las dos del Citibank de Nueva York, banco del que se giraron a la Argentina los 18 millones de dólares que fueron utilizados para la compra de bienes en Bahía y otras localidades.
El inicio de las presentes actuaciones tuvo lugar el 24 de noviembre de 1999 a partir de la denuncia realizada por Jorge Luis Olivarez Novales, representante diplomático del Gobierno de México en la Argentina, quien junto a Juan Miguel Ponce Edmonson (Director General de la Oficina Central de Interpol México), Augusto del Pino Estrada (Director General de Investigaciones Especiales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud de México) y Antonio Bautista Salazar (Director Operativo de Interpol México), comunicaron al juzgado instructor los hechos ilícitos que se habían descubierto a partir de la averiguación previa N° 1714/MPFEADS/99 que se estaba instruyendo en aquél país contra diversos integrantes del Cartel de Juárez.
A partir de allí, se inició una colaboración recíproca entre la justicia de nuestro país y la de los Estados Unidos de México y de los Estados Unidos de Norteamérica.
En cuanto al origen de los fondos y su vinculación con el narcotráfico internacional, ello pudo ser corroborado a través de diversos elementos de prueba, entre los que se destacan:
La declaración bajo juramento prestada en los Estados Unidos de Norteamérica por el Agente Especial del Servicio Aduanero, Stephen M. Perino, con fecha 14 de mayo de 1998, que permitió la confiscación del dinero obrante en las cuentas N° 36137631 y N° 36111386 del Citibank de New York, pertenecientes a M.A. Casa de Cambio S.A. y M.A. Bank Limited, respectivamente, por constituir ganancias reales provenientes del narcotráfico en los Estados Unidos de Norteamérica.
En su testimonio, Perino señaló que a partir de la investigación denominada “Alcalá-Navarro”, realizada por el Servicio Aduanero de aquél país, se pudo determinar que la Organización Amado Carrillo Fuentes (ACF), conocida popularmente como “Cartel de Juárez”, lavó fondos en los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente en la ciudad de Chicago, transfiriendo a la Argentina importantes sumas de dinero a través de las citadas cuentas.
La acción civil para aseguramiento y posterior decomiso de los fondos obrantes en las cuentas N° 36137631 y 36111386 del Citibank N.A. de New York, de fecha 14 de febrero de 2000, por la cual el Sr. Fiscal para el Distrito Central de California, Alejandro Mayorkas, señaló que existía causa probable para creer que M.A. Bank Limited y M.A. Casa de Cambio S.A. utilizaron sus cuentas en el Citibank N.A de New York con el fin de lavar dinero proveniente del narcotráfico.
En dicha demanda se destacó que los activos provenían de la venta de cocaína por parte del Cartel de Juárez en la ciudad de Chicago y que luego eran transferidos a la Argentina para ser retirados por Nicolás Antonio Di Tullio en efectivo o en cheques, agregando que con fechas 5 de enero y 3 de febrero de 1998, se secuestraron trescientos setenta y cuatro (374) kilos de dicha sustancia en una casa de Chicago y noventa y cuatro (94) kilos en una residencia en Berwyn, Illinois.
En cuanto a Nicolás Antonio Di Tullio, se señaló que había entablado una amistad con los integrantes del Cartel de Juárez, Jorge Iñiguez y Jaime Martínez Ayón, a quienes ayudó en la compra de propiedades inmuebles en la Argentina con las ganancias obtenidas por el tráfico de droga en los Estados Unidos.
En 2004, Di Tullio salió de la cárcel, aunque siguió imputado como el principal eslabón de los narcos mexicanos. Murió en agosto de 2012 en un accidente automovilístico cuando se dirigía a Bahía Blanca. Salvia, otro de los principales imputados en la causa, también tuvo un final trágico. Fue asesinado la noche del 6 de mayo de 2007 en la localidad de Coronel Vidal, en Mar del Plata, junto con su novia Karina Pill.
En 2008, Hugo Menéndez esquivó su detención luego de repetidos llamados a indagatoria, lo que llevó a ser declarado como rebelde con una circular roja de Interpol que pidió su captura en todo el mundo.
El 25 de abril de 2016, comenzó el juicio oral de Raúl Marinone, Roberto Trolio, Mirta Llera, Miguel Lorente, Óscar Moreno y Algredo Rodríguez.
Dicho juicio estuvo a cargo de los jueces Julio Panelo, María del Carmen Roqueta y José Martínez Sobrino. El fiscal será Diego Velazco, que contó con el apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Carlos Gonella.
El juicio se llevó a cabo con la vieja ley de lavado de dinero porque los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la nueva norma.
En agosto de 2016, la Justicia determinó condena de prisión cuyo cumplimiento se dejó en suspenso por el comprobado lavado de dinero del Cartel de Juárez en Bahía Blanca. Sólo se ordenó el decomiso de los bienes adquiridos para camuflar el ingreso de divisas.
Se trata de campos, vehículos e inmuebles valuados en 25 millones de dólares y otros 13 millones producido de la administración judicial. El Tribunal Oral Criminal Federal N°6 convalidó el acuerdo alcanzado en un juicio abreviado y además condenó a los siete acusados a penas de ejecución en suspenso, multas y la realización de tareas comunitarias.
En su sentencia, los magistrados Julio Luis Panelo, María del Carmen Roqueta y José Valentín Martínez Sobrino dieron curso al acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes y los acusados Raúl Oscar Marinone, Roberto Antonio Trolio, Jorge Díaz, Rosendo Lorente, Mirta Llera, Alfredo Héctor Rodríguez y Oscar Ernesto Moreno.
Se destacó que el dinero transferido a la República Argentina, más de 21 millones de dólares estadounidenses, provenía de la venta de cocaína en diversas ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente la ciudad de Chicago, por parte del denominado ‘Cartel Carrillo Fuentes’ o ‘Cartel de Juárez’ de los Estados Unidos de México, que tuvo a algunos de sus miembros actuando en nuestro país como inversores.
En septiembre de 2016, el TOF Nº6, integrado por los jueces María del Carmen Roqueta, José Martínez Sobrino y Julio Panelo, condenó en un juicio abreviado con el fiscal Diego Velasco a penas de tres años en suspenso a siete acusados encabezados por Raúl Marinone, con edades que van de los 59 a los 87 por lavar dinero del Cartel de Juárez.
Menéndez empleó el alias de "Ramón Santillán" en Petrolera Mar del Plata, una de las primeras sociedades de la red narco para formar un frente a simple vista legal y la madre de varias firmas que se formarían para comprar propiedades como hoteles y maquinaria agrícola. La sentencia firmada por el TOF Nº6 afirma que: los testaferros de Salvia en Petrolera Mar del Plata S.A. fueron Jorge Díaz (chofer de Salvia), Aquilino Ceferino Vázquez (camionero de la empresa), Guillermo Luis Blanch (quien se identificaba con el nombre falso de Carlos Alberto Brandi) y Hugo Menéndez (quien utilizaba el nombre falso de Ramón Alberto Santillán).
Menéndez se convirtió en un alfil al menos útil para el desembarco marplatense del Cartel. En septiembre de 1997, Carlos Alberto Brandi (Blanch) pasó a ser presidente y titular del 51,92% de Petrolera Mar del Plata S.A., en reemplazo de Jorge Díaz; mientras que Ramón Alberto Santillán (Menéndez) comenzó a ocupar el cargo de vicepresidente de la sociedad y titular del 48,08% del paquete accionario. En enero de 1998, Menéndez vendió el paquete de la firma a Nicolás Di Tullio.
Además, el Tribunal plantea que si bien en el convenio se hizo referencia a que se abonó por el 100% del paquete accionario la suma de trescientos mil pesos ($300.000), ésta no fue la verdadera suma pagada por los "mexicanos" (Cartel de Juárez), sino que el monto fue mucho mayor, pues tal como surge de la rendición de cuentas realizada por Di Tullio para Jaime Martínez Ayón (representante del Cartel de Juárez) se pagó por Petrolera Mar del Plata S.A. la suma de un millón seiscientos cuarenta mil dólares estadounidenses.
Menéndez fue puesto en prisión por efectivos de la Agencia Regional de la Policía Federal. El Tribunal Oral Criminal Federal N° 6 había ordenado su captura internacional y su nombre figura en los pedidos de detención de alta prioridad.
