En el año 2013 la diputada Elisa Carrió denunció a los imputados tras un informe del programa periodístico Periodismo Para Todos (PPT) titulado “la ruta del dinero K”, donde se los vinculaba con operaciones de lavado de activos a través de la financiera Southern Globe Investments (SGI), conocida también como “la Rosadita”.
El caso de Lázaro Báez se investiga la presunta asociación ilícita del empresario con funcionarios públicos nacionales y provinciales que tenían a su cargo la fiscalización y adjudicación de obra pública. La línea investigativa en la causa que tiene a cargo el juez Casanello se vincula con diversas licitaciones de obra pública en las que resultaron como adjudicatarias empresas vinculadas a Lázaro Báez, en el marco de las cuales las diferentes empresas oferentes se encontrarían estrechamente vinculadas con el referido grupo económico (ello, en razón de la repetición de algunos de sus directores -bajo otro cargo- en las distintas empresas, o bien por la coincidencia en la dirección de las distintas sedes sociales).
De este delito se desprenderían una serie de conductas tendientes a ingresar el dinero producto de este ilícito al mercado a través de mecanismos de “lavado” del dinero supuestamente adquirido de forma irregular. El curso de la investigación derivará naturalmente en rastrear cuentas bancarias en el exterior del empresario y de los directores y presidentes de sus empresas así como de los funcionarios públicos involucrados para seguir el eventual camino del dinero supuestamente adquirido de manera ilícita.
El 13 de junio de 2013, ACIJ presentó un escrito en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 a cargo del juez Sebastián Casanello solicitando tomar vista del expediente de la causa Lázaro Báez, amparándose en lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCS), la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y la reciente jurisprudencia en la materia y en los objetivos de la asociación que busca colaborar para lograr un mejor funcionamiento y mayor transparencia de las instituciones públicas, tales como organismos administrativos, legislativos, tribunales de justicia, entes reguladores y órganos de control.
El 15 de marzo de 2016, el programa periodístico “Telenoche investiga” difundió un video donde se podía ver a los imputados manipulando grandes cantidades de dólares, en lo que sería la sede de la financiera.
El 16 de marzo de 2016, el juez Casanello ordenó la indagatoria de Martín Báez para el 21 de abril, Daniel Pérez Gadín el 20 de abril, Ariel Pérez Gadín el 18 de abril y Fabián Rossi el 19 de abril. El 18 de marzo el juez pidió a AFIP las declaraciones juradas de los citados a indagatoria.
El 19 de marzo de 2016, el juez citó a Lázaro Báez, César Gustavo Fernandez y Walter Adrián Zanzot.
El 5 de abril de 2016, Casanello ordenó la detención de Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín.
El 8 de abril de 2016, dispuso el secreto de sumario en la investigación.
El 14 de abril de 2016, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal rechazó la excarcelación de Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín.
El 18 de abril de 2016, Casanello procesó con prisión preventiva a Lázaro Antonio Báez, Daniel Pérez Gadín, César Gustavo Fernández, Martín Antonio Báez y Fabián Virgilio Rossi, por considerarlos co-autores del delito de lavado de activos. Asimismo decidió procesar sin prisión preventiva a Walter Adriano Zanzot y Sebastián Pérez Gadín, por considerarlos partícipes, necesario al primero, y secundario al segundo, del delito de lavados de activos. En la misma resolución trabó embargo a Lázaro Báez y al resto de los imputados, en el orden de cien millones de pesos ($100.000.000) respecto de cada uno, y en el caso de Sebastián Pérez Gadín en torno a la suma un millón de pesos ($1.000.000). Asimismo ordenó el secuestro y embargo de los vehículos y bienes registrales de todos los imputados y de la firma “Top Air”, como así también la inmovilización y congelamientos de todos los fondos de las cuentas bancarias de aquellos. Paralelamente, ordenó citar a declaración indagatoria a Ricardo Daniel Echegaray y Rubén Ángel Toninelli, para los días 3 y 4 de mayo respectivamente, y decretando asimismo prohibición de salida del país de aquellos.Tambiéncitó a indagatoria a Julio Enrique Mendoza, Claudio Bustos, Eduardo César Larrea, Néstor Marcelo Ramos, respecto de los cuales asimismo decreto la prohibición de salida del país, como así también la inhibición general de bienes. Por último, ordenó la inmediata captura nacional e internacional de Jorge Oscar Chueco a fin de recibirle declaración indagatoria, y dispuso asimismo la inhibición general de bienes del nombrado.
El 21 de abril de 2016, desestimó un planteo de Elaskar contra la actuación de Stolbizer como amiga del tribunal.
El 4 de mayo de 2016, la Cámara Federal de Casación rechazó la excarcelación de Lázaro Báez.
El 26 de mayo de 2016, Casanello rechazó un planteo de recusación interpuesto por Leandro Báez.
El 1 de junio de 2016, Casanello procesó a Lázaro Báez por lavado de activos y amplió el embargo a 800 millones de pesos. También procesó a Martín Báez, Jorge Chueco, Julio Mendoza y Claudio Bustos. En el mismo acto pidió a Suiza la extradición de Néstor Marcelo Ramos.
El 16 de junio de 2016, la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el rechazo del pedido de excarcelación de Jorge Chueco.
Se valoró que Chueco fue detenido en la República del Paraguay, país al que había ingresado eludiendo los controles fronterizos y en el que se identificó ante las autoridades bajo otro nombre, un día más tarde de firmarse el decreto del magistrado que dispuso su captura. Y por esa razón se consideró que no se presentó voluntariamente a estar a derecho sino todo lo contrario, se fugó a otro país en el que mantuvo una falsa identidad aún al ser detenido, y son esas circunstancias las que llevan fundada y razonablemente a poner en duda su voluntad de someterse al proceso en el futuro.
También se recordó que ya se había evaluado en el caso que la naturaleza económica de los delitos que en esta causa se investigan cobra una relevancia mayor en el análisis del peligro de fuga. Porque no puede perderse de vista los montos involucrados y no recuperados aún que demuestran, en principio, la disposición de dinero con la que cuenta el grupo, aún para el hecho por el que fue puntualmente indagado y procesado en esta ocasión, con la consiguiente posibilidad de manejar mayores relaciones económicas e influencias, también en distintos países, quienes eventualmente podrían prestarle auxilio.
Y con relación a la posibilidad de obstrucción también se señaló nuevamente que se verifica el riesgo de entorpecimiento de la investigación a partir de la constatación que los ilícitos bajo proceso se llevaron a cabo al amparo de las estructuras de poder en torno del Estado, reflexión que no se limita a los otros únicos dos consortes de causa que se encuentran detenidos por el instructor. En esta oportunidad se consideró que la Procelac (la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) recién acompañó a la causa en marzo de 2015 las actuaciones provenientes de la Unidad de Información Financiera formadas a raíz de los reportes de operaciones sospechosas libradas en junio de 2013 por los bancos privados por la operación por la que Chueco fue procesado y que el banco oficial, el Banco Nación, en cambio, no encontró elementos que le generaran dudas para dar ese aviso, conductas que se denunciaron para que se realice una investigación penal.
El 24 de junio de 2016, Casanello citó a indagatoria a los cuatro hijos de Lázaro Báez.
El 30 de junio de 2016, La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Lázaro Báez por el lavado de los 5 millones de dólares y ordenó investigar a Cristina Kirchner y otros ex-funcionarios.
El 14 de julio de 2016, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Lázaro Báez y su hijo Martín, y el de Jorge Chueco, Julio Mendoza y Claudio Bustos por el delito de lavado de dinero por el reingreso al país de 32.800.000 dólares a través de la venta de bonos de la deuda pública. También confirmó la prisión preventiva de Lázaro Baez y Jorge Chueco, dispuestas por el juzgado de primera instancia, y los montos de los embargos trabados a los procesados.
El 12 de agosto de 2016, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal rechazó la recusación del Juez Casanello que promovió la defensa de Leandro Báez.
El 15 de agosto de 2016, el juez Casanello le solicitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que haga una propuesta para darles un rol social a los inmuebles, los campos, las maquinarias y los autos de la familia Báez y de sus empresas.
El 24 de agosto de 2016, el fiscal Guillermo Marijuán pidió la indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner y de Áxel Kicillof por el presunto ocultamiento de operaciones bancarias que comprometerían a Lázaro Báez. Asimismo, el fiscal solicitó que se les prohibiera la salida del país.
El 25 de agosto de 2016, el juez Casanello ordenó un operativo en el Banco Santa Cruz, a fin de obtener información sobre transferencias de dinero a bancos de Estados Unidos en las que participó la entidad santacruceña.
El 28 de agosto 2016, el juez Casanello y el fiscal Marijuan pidieron a Suiza los datos de diez cuentas, en cuatro bancos locales, atribuidas a Lázaro Báez, sus cuatro hijos (Leandro, Luciana, Martín y Melina), dos de sus colaboradores (Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín) y a la financiera Helvetic Services Group.
