Molinos Río de la Plata, uno de los mayores exportadores mundiales de alimentos, fue allanada hoy por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que realizó operativos en oficinas de la firma agroexportadora, acusada de evadir impuestos por unos US$ 69 millones.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), el ente recaudador de Argentina, denunció que la compañía, una de las mayores productoras de alimentos del país, realizó entre el 2006 y el 2009 operaciones de triangulación con Chile para evitar pagar impuestos sobre sus ganancias.
La empresa informó que el allanamiento buscó "la información y documentación relacionada con la creación, funcionamiento, inscripción y actividad comercial de la firma Molinos de Chile y Río de la Plata Holding SA, avales técnicos jurídicos y contables que hubieren sido tenidos en cuenta para implementar esa estructura societaria y planes de trabajo presentado por profesionales externos e internos involucrados".
El 27 de marzo de 2012, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó la sede central de la empresa Molinos Río de la Plata, sus centros de logística y distribución y las oficinas de una consultora internacional por la presunta evasión de la firma cerealera de al menos 150 millones de pesos en el impuesto a las ganancias, que contabilizando los intereses resarcitorios eleva la cifra a cerca de 300 millones de pesos.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal en los Criminal y Correccional Nro. 1, a cargo de la Dra. Sandra ARROYO SALGADO por la Causa N° 397/2011 'Molinos Ríos de La Plata S.A. s/infracción art. 2? Ley 24.769' y se realizaron en la sede central que la firma tiene en la localidad bonaerense de Victoria, en las oficinas de una importante consultora internacional y en los centros de logística y distribución de la firma.
El 1 de mayo de 2013, la Cámara Federal de San Martín ordenó continuar con la investigación sobre Molinos Río de la Plata.
En el mes de agosto de 2015, en la sede del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, prestaron declaración indagatoria miembros de la familia Perez Companc y ex directivos de Molinos Río de la Plata en la causa que se les sigue por evasión tributaria y aprovechamiento indebido de reintegros en concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por operaciones de exportación.
Ante la jueza y el fiscal federal Fernando Domínguez debieron comparecer María Carmen "Munchi" Sundblad Beccar Varela; Jorge y Luís Perez Companc, y los ex directivos de Molinos Río de la Plata Carlos Cupi y Jorge Micozzi.
El empresario multimillonario Jorge Gregorio Perez Companc no asistió a la audiencia debido a que nuevamente volvió a acusar problemas de salud. El primer llamado a indagatoria se había realizado a mediados de julio de 2015, pero fue pospuesto a pedido de la defensa de la familia.
Tanto los integrantes de la familia Perez Companc como los ex directivos de Molinos Cupi y Micozzi negaron los cargos en su contra y los abogados de cada uno presentaron una serie de escritos con los que intentaron demostrar que sus clientes son “ajenos con relación a los hechos investigados”.
En cuanto a la declaración pendiente a Gregorio Perez Companc, el fiscal Domínguez impugnó el dictamen del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había señalado que el empresario no podía afrontar el proceso debido a su edad y estado de salud, porque, a criterio del representante del MPF, “carece de fundamentación técnico científica”.
En este sentido, Domínguez requirió a la jueza federal que se practique un nuevo peritaje a través de una junta de médicos/peritos.
El 21 de julio de 2016, la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Jorge y Luis Pérez Companc y de María Carmen Sundblad, los hijos y la esposa de Gregorio Pérez Companc, fundador de la petrolera PeCom y dueño de Molinos Río de La Plata.
Jorge y Luis Pérez Companc, Sundblad, Juan Manuel Forn Vivanco, Carlos Cupi y Jorge Micozzi, del directorio de la firma, habían sido sobreseídos pero la Cámara ordenó que la causa continúe y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, los procesó. Gregorio Pérez Companc, de 81 años, está imputado pero la Justicia consideró que no se encuentra en condiciones de salud para afrontar el proceso.
Los acusados se defendieron al señalar que las compras de materia prima para la producción no era función del directorio y que Molinos cumplió con todas las exigencias legales, pero los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, Daniel Rudi, Alberto Lugones y Hugo Gurruchaga, rechazaron los argumentos.
Los camaristas, sostuvieron: "No se discute la existencia formal de los mentados proveedores sino la real existencia de la operación que habría sido acordada entre éstos y la empresa exportadora" y agregaron que el directorio, tomaba las decisiones porque tenía un "perfecto conocimiento del real estado de las cosas por su dominio de un aparato organizado".
Explicaron además que usaron supuestos proveedores con apócrifas facturas sin capacidad necesaria para realizar las compraventas comerciales declaradas, lo que impide considerar que resulten las causas genuinas del crédito fiscal del IVA vinculado con operaciones de exportación que Molinos Río de la Plata S.A. solicita en devolución a partir de esos supuestos proveedores con apócrifas facturas.
El 12 de febrero de 2017, la Cámara Federal de Casación Penal anuló un procesamiento que pesaba sobre integrantes de la familia empresaria Pérez Companc y levantó un embargo por $ 20 millones para cada uno por los presuntos delitos de “evasión tributaria agravada” y aprovechamiento de reintegro a exportaciones de la empresa Molinos Río de la Plata.
En la misma sentencia los jueces ordenaron que se dicte un nuevo fallo y apartó a los jueces que venían interviniendo en la causa y que habían ratificado los procesamientos de los directivos de Molinos.
Los camaristas removidos del caso son Hugo Gurruchaga y Daniel Rudi, de la justicia federal de San Martín.
Para los jueces de la Cámara de Casación los miembros de la familia Pérez Companc fueron víctimas de una injusta acusación al ser procesados como “coautores de los delitos de aprovechamiento indebido de subsidios de naturaleza tributaria con relación a los reintegros de créditos fiscales derivados de operaciones de exportación correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007” y “evasión tributaria agravada con relación al impuesto a las ganancias en concepto de salidas no documentadas del ejercicio del ejercicio 2006”.
Plantearon que aquel fallo del año 2016, debe ser anulado e incluso parecen pedirle disculpas a los directivos de Pérez Companc. Según la Cámara de Casación, ese fallo abundó en “calificativos desdorosos sobre las personas de los imputados” e incluso no llegó a probar que lo que pasaba en Molinos fuera decidido por sus dueños. La Cámara de Casación planteó que no puede ser la mera existencia de una organización la razón de la imputación a todos sus integrantes de los injustos tributarios que se realicen en el ámbito de esa organización.
