La jueza Wilma López, que instruyó en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra, descubrió dos meses después del crimen del militante del Partido Obrero un intento de soborno a una sala de Casación para favorecer la situación del dirigente gremial José Pedraza, acusado en la causa.
La maniobra consistía en digitar el sorteo de la sala que beneficiaría la situación del sindicalista, y se inició una causa que investiga por cohecho a los jueces Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo, integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal.
El “plan criminal” se dividió en dos etapas. Primero, la manipulación del sorteo irregular del 26 de enero de 2011-mientras transcurría la feria judicial- para que los recursos de Casación interpuestos en el marco de la investigación del crimen de Ferreyra quedaran radicados en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. El objetivo era que revocara los procesamientos de primera instancia.
El abogado Aráoz regresó al país el 30 y la entrega del dinero se concretó al día siguiente. La segunda fase consistía en ejercer una indebida influencia sobre el juez Riggi, integrante de la Sala III y el resto de los miembros del Tribunal. De acuerdo con la evidencia recolectada, esta parte del plan iba a ponerse en marcha a partir del 2 de febrero de 2011. En las escuchas se hace constante referencia al “día dos”. Iba a ser cuando Aráoz se reuniría con Riggi para “hablar del tema”.
Esa fecha coincidía con la vuelta del juez Riggi a sus funciones laborales.La segunda etapa nunca se activó porque los investigadores atraparon a un ex contador de la UF en el momento en que llegaba al estudio del ex juez Aráoz de Lamadrid con 50 mil dólares recién sacados de una caja de seguridad de la sucursal Montserrat del Banco Galicia. Los billetes estaban ordenados en cinco fajos de cien en un sobre marrón rotulado “Octavio”.
El juez Riggi no sólo estaba al tanto de las maniobras ejecutadas por el resto de los imputados (ya procesados) sino que además formaba parte de un pacto previo que culminaría con la entrega del dinero prometido a contraprestación de la resolución judicial buscada por el grupo de los siete imputados.
El día 15 de diciembre de 2010 se registraron dos comunicaciones con el Juez Riggi por parte de los imputados Riquelme y Aráoz, uno comunicándose con la casa particular del Juez y el otro directamente a su celular
Otro de los acusados en esta causa paralela a la del asesinato de Ferreyra es Ángel Stafforini, contador de Pedraza, que habría hecho el contacto para entregarles el soborno a estos magistrados.
En los meses de enero y febrero de 2011, cuando la Cámara de Casación evaluaba algunos pedidos de excarcelación presentados por los primeros detenidos por el homicidio de Ferreyra, varias escuchas revelaron una maniobra que comprometía al seno de la "familia judicial".
El intento de coimas se atribuye al ex juez y entonces abogado de uno de los acusados, Octavio Aráoz de Lamadrid, quien habría ofrecido con la intervención de un agente de la SIDE (Ángel Riquelme) a jueces de Casación, quienes en su poder podían tener que definir algunas excarcelaciones.
El 11 de septiembre de 2011, fue procesado el Secretario General de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, junto al ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, agente de inteligencia Juan José Riquelme, al secretario judicial Luis Ameghino Escobar y al contador de la UF, Ángel Stafforini (también se le atribuyó la tenencia ilegítima de un arma de fuego) en dicha causa.
El juez de instrucción Luis Osvaldo Rodríguez dispuso, además, un embargo de 200 mil pesos para los cuatro imputados.
En octubre de 2013, el fiscal Horacio Azzolín solicitó diversas diligencias probatorias dirigidas por considerar que no se encontraba agotada la etapa de instrucción y que aún no era posible descartar la intervención de Riggi.
Cabe destacar que el Juez a cargo de la causa, Osvaldo Rappa, se declaró incompetente.
En 2014, el Juzgado a cargo de Norberto Oyarbide llevó dicha causa.
El 21 de enero de 2014, ante el Consejo de la Magistratura, el CELS insistió en la necesidad de que se analice el rol del juez de Casación, imputado en la causa penal por el presunto tráfico de influencias y coimas para liberar a los acusados por el crimen de Mariano Ferreyra.
El CELS planteó que siendo uno de los casos de corrupción judicial más escandalosos de los últimos años, nos parece necesario que el Consejo examine de manera seria la imputación de Riggi no sólo por la presunta comisión de un delito, sino porque con las pruebas que existen en la causa penal ha quedado en evidencia la ausencia de idoneidad moral para ejercer su cargo.
Además, plantearon que no se han agotado las medidas investigativas destinadas a determinar la responsabilidad funcional del juez denunciado.
Para imprimirle celeridad a la cuestión y para exigir un examen “serio” del caso, el CELS presentó un descargo de siete fojas en las que recorre la situación, hace hincapié en las medidas encargadas por el Ministerio Público Fiscal en la causa penal, que apuntan a reforzar pruebas que fortalezcan la participación de Riggi en la cadena de influencias y hace mención a un elemento llamativo que, hasta el momento, no integra el expediente penal: la agenda telefónica personal de Pedraza secuestrada en su vivienda de Puerto Madero el día en que fue detenido por la muerte de Ferreyra. “Llama la atención que Pedraza tuviera registrados en su agenda los teléfonos de la casa, celular y laboral” de Riggi, determina el CELS en el documento, en donde poco más adelante certifica que el teléfono del juez es uno de los dos únicos contactos de miembros del Poder Judicial en la agenda de más de 400 vínculos, entre los que abundan los de numerosos políticos, funcionarios a cargo de organismos públicos y periodistas.
En marzo de 2016, Norberto Oyarbide sobreseyó a Eduardo Riggi. El juez Oyarbide, con un solo escrito, rechazó el pedido de indagatoria que había realizado la fiscal federal Paloma Ochoa y sobreseyó a su colega.
Planteó que no encontraba elementos objetivos ni indicios suficientes que abonen la teoría de la fiscal y que permitan vincular en modo alguno al juez Riggi en los hechos delictivos investigados. Por otro lado, no se advierte tampoco la posibilidad de producción de nuevas medidas de prueba en sentido útil para la investigación, por lo que resulta pertinente el dictado del sobreseimiento a su respecto.
El 16 de mayo de 2016, el tribunal de apelaciones confirmó el sobreseimiento a Riggi.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah entendieron que no hay evidencias de que Riggi estuviera al tanto de la maniobra que salió a la luz por las escuchas telefónicas que se mantenían para investigar el asesinato de Mariano Ferreyra.
El 16 de agosto de 2016, la Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de queja contra Eduardo Riggi.
La decisión fue de los camaristas Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, quienes rechazaron un recurso de queja de la mamá de Ferreyra, Beatriz Rial, quien pretendía que el máximo tribunal penal del país revise el sobreseimiento dictado a favor de Riggi por la instancia inferior, la sala I de la Cámara Federal.
En minoría y a favor de revisar el sobreseimiento votó el camarista Gustavo Hornos, quien sostuvo que desde una perspectiva realista, superadora de la formalidad, y con cierta empatía judicial, es evidente que la decisión a tomar en casos como el presente produce una importante expectativa en la comunidad jurídica y en la sociedad toda.
En octubre de 2016, el CELS presentó un recurso de queja ante la CSJN para solicitar que se revise el sobreseimiento de Riggi en dicha causa.
