La investigación se inició el 12 de diciembre de 2012 a partir de una denuncia penal del juez Diego Aldao, quien tramitaba el proceso concursal de la firma Tool Research y comprobó el faltante de títulos de deuda pública que, debiendo estar bajo custodia judicial en poder de Bolsafe Valores, habían sido liquidados en favor de la Obra Social de la Universidad Nacional del Litoral, entidad ajena a la masa de acreedores. Debido a ese hecho, Rossini fue sometido a un proceso penal y en el marco de esa investigación se presentaron nuevos inversores perjudicados. Incluso la Comisión Nacional de Valores presentó una denuncia penal en el fuero federal por considerar que los hechos imputados no sólo afectaban derechos patrimoniales de ahorristas, sino que comprometían el orden público económico porque Rossini ejercía actividades que el organismo regulador denominó como de oferta pública irregular, hecho caratulado en el Código Penal como delito de intermediación bursátil no autorizada.
BOLSAFE VALORES SBSA era una sociedad de bolsa controlada por el MERCADO DE VALORES DEL LITORAL S.A., en tanto en ese entonces regía la Ley Nº 17.811 que establecía un régimen de autorregulación y control disciplinario por parte de los mercados respecto de sus intermediarios. En la actualidad, se encuentra vigente, en período de reglamentación, la Ley 26.831 del Mercado de Capitales que pone fin a la autorregulación del mercado y fortalece las capacidades de supervisión, fiscalización y sanción de la CNV.
Entre abril y mayo del año 2013, un grupo de damnificados se presentó ante la Procelac y formularon nuevas denuncias contra Rossini, lo que motivó la intervención del fiscal general Carlos Gonella y el fiscal ad hoc a cargo del área de Fraude Económico y Bancario, Pedro Biscay. Ambos funcionarios, junto con el fiscal Walter Rodríguez, sostuvieron en su reciente presentación que la estafa no ha sido resultado sólo del accionar de Rossini sino que, por el contrario, revela “la existencia de una planificación criminal orientada a defraudar el patrimonio de una inmensa e indeterminada cantidad de ahorristas, a partir de una mecánica continuada de captación de activos”, iniciada en 2003. Por ese motivo, es que reclamaron la indagatoria de 49 operadores financieros, involucrando como parte del ilícito al Mercado de Valores del Litoral y al Banco de Galicia.
El 30 de abril de 2013, la Justicia Federal de Santa Fe se declaró incompetente en la causa Bolsafe Valores.
Entre los damnificados por las maniobras se encuentran desde pequeñas sociedades de fomento hasta víctimas del terrorismo de Estado o sus familiares, que canalizaron en Bolsafe los ahorros o los bonos recibidos en concepto de indemnizaciones con la promesa de Rossini de pagarles un rédito económico a través del “alquiler” de los títulos, operación bursátil prohibida en el mercado local. Rossini mentía a sus clientes generando desconocimiento en las víctimas que ignoraban que las operaciones de alquiler de títulos ofrecidas por Bolsafe Valores S. A. estaban prohibidas por el mercado, y que BV Emprendimientos (antiguamente Bolsafe Valores Emprendimientos S. A.) no era una sociedad de bolsa autorizada, ni una sucursal, ni una agencia de aquélla, por lo que no se encontraba autorizada a administrar una cartera de clientes bursátiles, sino que tampoco conocían que a partir de la transferencia de sus valores a BV Emprendimientos perdían la titularidad de las especies que eran liquidadas en el mercado mediante la intermediación de Banco Galicia, Galicia Valores y Valfinsa Bursátil.
La Fiscalía Federal Nº 2 de Santa Fe y la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) imputaron como integrantes de una asociación ilícita a 49 operadores financieros que se apropiaron del dinero de al menos 408 ahorristas, concentrados fundamentalmente en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, a través de la sociedad Bolsafe Valores y la empresa BV Emprendimientos, con la aparente complicidad del Mercado de Valores del Litoral y el Banco de Galicia.
En la presentación realizada en mayo de 2014, ante el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe a cargo de Francisco Miño, se solicitó que se convocara a declaración indagatoria al empresario Mario Rossini, un conocido operador financiero titular de Bolsafe, que actualmente se encuentra detenido y procesado por ser considerado autor del delito de administración fraudulenta en una causa iniciada por los primeros damnificados, pero el listado también incluyó a otros 25 empleados, productores y directivos de Bolsafe y BV Emprendimientos, 13 directivos del Mercado de Valores del Litoral y 11 del Banco de Galicia.
El 10 de abril de 2015, la Cámara de Casación Penal rechazó el recurso presentado por la defensa de Mario Rossini, el ex titular de Bolsafe Valores.
El 16 de abril de 2015, la Sala I de la Cámara Federal de Casación penal notificó al contador Mario Rossini de la interrupción del régimen de prisión domiciliaria del que venía gozando desde el 2 de julio del año 2014 y ordenó su inmediato traslado a la unidad penitenciaria U-2 Cárcel de Las Flores, adonde regresó tras una impasse de 8 meses.
El 12 de junio el juez federal Nº 2, Francisco Miño, prorrogó por seis meses la prisión preventiva para el contador Mario Rossini.
El 7 de julio de 2015, la resolución dictada por el juez federal Nº 2, Francisco Miño, alcanzó a Diego Waldemar Van de Velde y Fernando Gabriel Yah Yah, en su carácter de oficial de empresas de la sucursal Santa Fe del Banco Galicia; Guillermo Juan Pando, en su carácter de oficiales de cumplimiento del Banco Galicia y Galicia Valores ante la Unidad de Información Financiera; Silvio Ariel Gómez, gerente de la sucursal Santa Fe del Banco Galicia SA; Antonio Iturrioz y Favio Meijome, como empleados de Valfinsa Bursátil,y Leonardo Perrotta, oficial de cumplimiento de Valfinsa Bursátil ante la UIF.
A su vez, el magistrado a cargo de la causa, dictó la ampliación del procesamiento para Mario Rossini, titular de Bolsafe Valores, como presunto autor penalmente responsable del delito de lavado de dinero con fines delictivos y se amplió el embargo antes fijado, a la suma de $30.000.000.
Omar Rossini, María Mercedes Leiva, Daniela Laura Reatti, Marisa Laura Valdez, María Lorena Molinas, Carolina Fany Pavarín, Miriam Analía Sabella y Patricia Lorena Berrino, empleados de la firma, también están imputados.
En diciembre de 2015, El juez federal N° 2, Francisco Miño, prorrogó la prisión preventiva para el contador Mario Enrique Rossini, detenido desde el 13 de diciembre de 2012 como responsable máximo de la millonaria de dicha estafa.
Su abogado defensor, el penalista Néstor Oroño, apeló la nueva prórroga de la prisión preventiva y las actuaciones fueron remitidas a la Cámara de Apelaciones de Rosario para su debido control.
En diciembre de 2016, el juez federal Nº 2 Francisco Miño rechazó la excarcelación que había pedido la defensa, pero coincidió con el fiscal Claudio Kishimoto en atenuar "el régimen de prisión preventiva" del imputado "bajo la modalidad domiciliaria". El argumento es que Rossini está preso desde el 13 de diciembre de 2012 y como ya cumplió cuatro años sin juicio ni sentencia debía salir de la cárcel de Las Flores.
El 23 de febrero de 2016, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación presentó el dictamen de requerimiento de elevación a juicio en la causa Bolsafé Valores, que investiga una megaestafa en la ciudad de Santa Fe, y así se impulsó el juzgamiento oral y público del contador Mario José Enrique Rossini, sindicado jefe de la organización delictiva, además de otras ocho personas: Omar Santos Francisco Rossini, María Mercedes Leiva, Marisa Laura Valdez, Carolina Fany Pavarin, Daniela Laura Reatti, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas y Miriam Analía Sabella.
