La causa se inicia por una denuncia contra el ex Jefe del Ejército César Milani por presunto enriquecimiento ilícito. Se investigan que en el año 2010 Milani presentó bienes por $1.494.610, los cuales crecieron en el año 2011 a $1.785.889, pese a que su salario sólo aumentó de $14 mil pesos en el año 2010 a $15 mil pesos en el año 2011. Asimismo los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido lo denunciaron por irregularidades en un convenio firmado con el Mercado Central por compra de alimentos para la fuerza. Milani, asimismo, inició una demanda civil a los diputados que los denunciaron.
La causa se encuentra radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 3 a cargo del Dr. Daniel Eduardo Rafecas, Secretaría Nro. 6, a cargo del Dr. Adrián Rivera Solari.
En septiembre de 2013, el Dr. Rafecas ordenó la confección de un informe patrimonial preliminar, a cargo de la División Delitos Económicos de Prefectura Naval, que fuera entregado en octubre de 2014. Completada la reunión de documentación adicional, en junio de 2015 el Fiscal interviniente, Dr. Di Lello, requirió la intervención técnica de la PROCELAC, organismo éste que entregó su informe final en febrero del año 2016, con el cual el Dr. Di Lello requirió la pericia contable de los expertos de la Corte, a lo que el Magistrado hizo lugar.
El 22 de febrero de 2016, el fiscal Di Lello solicitó al juez que el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de la Nación realice una tercera pericia contable (las dos anteriores las habían realizado expertos de la Prefectura Naval Argentina y la Procuraduría Contra la Criminalidad y Lavado de Activos).
El 16 de septiembre de 2016, el Juez Federal Daniel Rafecas recibió las conclusiones de la pericia contable que el Magistrado había encomendado al Cuerpo de Peritos Contadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En dicho informe, los peritos contables de la CSJN Oscar Fernández, Rubén Pappacena y Abel Britos concluyeron, en los puntos más salientes, que: “No aparece justificado ni el patrimonio del Sr. Milani, ni sus consumos, esto es, los importes mínimos que hubiera necesitado para atender sus necesidades personales y las de su familia. La ecuación ingresos contra inversiones y compras, de acuerdo a la documentación aportada, es inconsistente”.
Asimismo, que “Milani no puede justificar la compra del inmueble sito en calle O’Higgins N° 3636, entre Blanco Encalada y Acceso Norte, de la localidad y partido de San Isidro”.
También, que “…no fue considerado el presunto préstamo que se denuncia que habría realizado el Sr. Barreiro, ya que el mismo no fue incluido por ninguna de las partes en sus declaraciones ante los organismos de control, y el mutuo que lo instrumenta no reúne los requisitos mínimos de fecha cierta, ni autenticación de los firmantes…”.
El día 20 de septiembre de 2016, el Juez Federal Daniel Rafecas ordenó la citación a prestar declaración indagatoria del ex Jefe del Ejército César Milani, como presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público. La convocatoria para ser indagado fue fijada para el día miércoles 19 de octubre de 2016.
También fue citado a prestar declaración indagatoria en la misma causa Eduardo Enrique Barreiro, para el día previo, martes 18 de octubre, por haberse reunido sospecha suficiente para sindicarlo como partícipe necesario en el enriquecimiento ilícito de Milani.
Barreiro se encuentra en arresto domiciliario al estar procesado por crímenes de lesa humanidad a disposición del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, por lo que el día 20 de septiembre de 2016 se cursó oficio para solicitar la correspondiente autorización para su traslado a los tribunales de Comodoro Py en la fecha señalada.
El 14 de octubre de 2016, el Juez Federal Daniel Rafecas rechazó dos planteos de nulidad relacionados con la pericia contable sobre los bienes de Milani elaborada por los Peritos Contadores de la Corte Suprema, planteos formulados tanto por la defensa de Milani como por el defensor del otro imputado, Eduardo Barreiro.
La abogada defensora de Milani, Dra. Mariana Barbitta, alegó especialmente que los peritos oficiales se habían excedido en sus atribuciones al avanzar sobre el encuadre jurídico del caso, al tiempo que consideró a la pericia como infundada y arbitraria. Al respecto, el Juez sostuvo al rechazar el planteo de nulidad, que las valoraciones que los peritos oficiales realizaron en lo que no haga al alcance puramente técnico propios de su arte y saber, serán evaluados por el tribunal de acuerdo a las reglas de la sana crítica y de conformidad con las pruebas reunidas.
Por su parte, la defensa de Barreiro se agravió en cuanto a que el perito de parte propuesto por el nombrado, no alcanzó a participar de la pericia contable confeccionada, lo cual sería violatorio del principio de defensa en juicio. Sobre el particular, el rechazo del Juez Rafecas se basó en que la pericia fue dispuesta el 8 de abril de 2016, auto en el cual se estableció como imputado a Barreiro, y que contó con asistencia letrada desde el 7 de julio, sin perjuicio de lo cual fue recién a mediados de septiembre que presentó perito de parte, es decir, más de dos meses después de asumido el cargo y con la pericia en desarrollo. Ello, más allá de que en cualquier momento, el citado perito de parte puede presentar sus conclusiones a los efectos de garantizar el derecho de defensa en juicio.
Además, el Juez Rafecas accedió al pedido de la Oficina Anticorrupción de ser tenido como parte querellante en el proceso, en la persona del abogado Patricio O’Reilly.
Los días 25 y 26 de octubre de 2016, El Juez Federal Daniel Rafecas les recibió declaración indagatoria a Milani y Barreiro. En ambos casos, los imputados asistieron al acto de indagatoria con sus respectivos abogados defensores, prestaron declaración, respondieron preguntas, presentaron un escrito y solicitaron la realización de medidas de prueba, todo ello en el ejercicio del derecho de defensa en juicio y del debido proceso legal que les asiste.
Tanto Barreiro como Milani fueron contestes en reafirmar su versión, en punto a la efectiva existencia del préstamo de dinero que Barreiro dijo haberle efectuado a fines de 2009 a Milani, por 200 mil dólares, por medio de un contrato de mutuo (que no tiene fecha cierta ni firmas certificadas, ni está registrado en las declaraciones juradas, ni de Barreiro ni de Milani). En tal sentido, ambos dieron algunas precisiones de modo, día y lugar en el cual se habría concretado dicho préstamo, suma de dinero la cual, en junio de 2010, Milani habría volcado como parte del pago para la compra de la casa en el barrio La Horqueta en San Isidro. Ese mutuo habría sido cancelado en noviembre de 2010, al cederle Milani a Barreiro la propiedad de su departamento en la calle Moldes.
Por otra parte, tanto Barreiro como Milani dieron cuenta de ingresos formales e informales durante aquellos años, que revelarían que ambos disponían de sumas de dinero y de un estándar de vida algo superiores a los que se desprenden de sus declaraciones impositivas de bienes e ingresos.
Finalmente, Milani reiteró sus críticas hacia el contenido y las conclusiones de la pericia contable a cargo de los peritos de la Corte Suprema, que calificó de “tendenciosa” y “malintencionada”, en línea con la estrategia de su defensa.
En noviembre de 2016, declaró la dueña de la inmobiliaria y según ella Milani puso en venta su departamento recién en septiembre de 2010, tres meses después de la compra de la casa en San Isidro. Y el departamento estuvo entre los que ofrecía la inmobiliaria hasta junio de 2011. Algo bastante extraño porque teóricamente en noviembre de 2010 Barreiro y Milani firmaron una escritura para la venta del departamento y otra para la cancelación del mutuo. Los investigadores se preguntan cómo fue que hasta junio de 2011 el departamento estuvo en venta si en noviembre ya se había vendido. A esa pregunta se le agrega otra: por qué Milani siguió pagando las expensas del mismo departamento hasta entrado el 2011 si el dueño era Barreiro desde noviembre de 2010.
El 13 de diciembre de 2016, el Juez Federal Daniel Rafecas, procesó al ex Jefe del Ejército, General César Milani, por el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, y le trabó un embargo preventivo de 5 millones de pesos.
En la misma resolución, el Magistrado también procesó como partícipe necesario de la maniobra, al Capitán retirado Eduardo Enrique Barreiro, a quien le trabó embargo por 2 millones de pesos.
En la resolución, la Justicia convalidó la conclusión de un peritaje oficial entregado al Juez en septiembre pasado, y dio por probado que Milani no justificó, al menos en parte, la compra en junio de 2010, de una casa en el barrio La Horqueta, en San Isidro, pcia. de Buenos Aires, por un valor declarado en escritura pública de $ 1.500.000, monto del cual, al menos la mitad, se desconoce el origen del dinero que Milani invirtió en dicha propiedad.
Precisamente para intentar justificar el origen del monto faltante, Milani habría apelado a fraguar un documento, supuestamente fechado en diciembre de 2009, por el cual un amigo y compañero de armas retirado, Eduardo Barreiro, aparecía efectuándole un préstamo de U$S 200.000 (unos $ 800.000 para esa fecha), documento que en su momento Milani presentó ante la Oficina Anticorrupción para justificar el faltante y sortear la intimación oficial.
