Se investigaba la contratación, por parte de la Secretaría de Legal y Técnica de la que Liuzzi es Subsecretario, de la consultora Administradora de Conocimientos (ADCONSA). Esta consultora es propiedad de Guillermo Benvenuto, amigo de Carlos Liuzzi, y fue contratada por Legal y Técnica desde el año 2006 para la realización de trabajos de informatización en el Boletín Oficial y otras dependencias que dependen de Carlos Zannini. También desarrolló el sistema informático del organismo que maneja todos los sitios de Internet en el país, más conocido como NIC.ar.
El fiscal federal Eduardo Taiano decidió imputarlo tras una investigación de Clarín. El 23 de marzo de 2004, Clarín publicó documentos oficiales que prueban que ADCONSA fue contratada por Legal y Técnica durante los últimos ocho años. Sólo en 2009, la consultora le facturó $29.112.012 al área que conduce Zannini. Apenas tres años después trepó a $70.746.934 de ganancias, según el último balance firmado por el contador Orlando Sanguinetti.
Este diario también reveló que la firma de software sobrefacturaba los trabajos y obtenía ganancias millonarias. La informatización del Boletín Oficial es un claro ejemplo: ADCONSA no tenía suficiente personal (entre 2006 y 2008, apenas cinco empleados y tres programadores) y decidió tercerizar todo el trabajo a través de la multinacional BDO. "ADCONSA le pagaba $120 mil a BDO por quincena y cobraba $800 mil en la Rosada", reveló un ex gerente.
La consultora, bajo la figura legal de Ente Cooperador, también desarrolló el sistema informático del NIC.ar, el organismo que administra los casi 3 millones de sitios web que hay en el país y que ahora deberán pagar. Aunque Liuzzi lo niega, la consultora habría firmado un contrato para cobrar un porcentaje de esa facturación millonaria.
Tras la investigación de Clarín, el abogado Ricardo Monner Sans hizo una denuncia penal que le tocó al juez Oyarbide, quien decidió excusarse. Tampoco había aceptado el caso el juez Julián Ercolini, pero la Cámara Federal decidió en junio de 2014 que éste último deber investigar a Liuzzi.
El fiscal Taiano también decidió imputar a Jorge Badano, uno de los tres fundadores de la consultora ADCONSA. Badano también fue presidente de la constructora que Liuzzi declara como propia, Desarrollo y Construcción SA.
En su requerimiento de instrucción, el fiscal le pidió al juez Ercolini que requiera a la IGJ los antecedentes de ADCONSA y de la constructora. También le requirió un informe sobre la financiera "Finance Sociedad de Bolsa", propiedad de Benvenuto.
Entre las medidas de prueba, Taiano le solicitó a Zannini que "tenga a bien informar si ha celebrado contrataciones con la consultora ADCONSA y, en su caso, remita las piezas documentales que han instrumentado dichos negocios".
En abril de 2014, la Cámara Federal reabrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el número dos de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Liuzzi, y apartó de ese expediente al juez Norberto Oyarbide.
La Sala Segunda del tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun, aceptó el pedido elevado por el fiscal Patricio Evers para volver a investigar a Liuzzi, denunciado oportunamente por el abogado Ricardo Monner Sans.
La denuncia había sido archivada por Oyarbide, pero Evers pidió la reapertura a partir de la trascendencia de la información sobre un contacto entre Liuzzi y el juez para frenar el allanamiento a una financiera en una causa por lavado de dinero.
En el escrito judicial se destaca que “no existen dudas de que la denuncia que dio inicio a la causa daba cuenta de la posible existencia de un enriquecimiento ilícito de Carlos Emilio Liuzzi, por un lado y de la posible configuración de negociaciones incompatibles con la función pública en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación”, sostuvo la Cámara.
En ese orden, advirtió que “la inicial denuncia contenía datos concretos y suficientes como para dar impulso a una investigación: los artículos periodísticos acompañados por Monner Sans hacían referencia al supuesto aumento en 38 veces del patrimonio de Liuzzi durante el ejercicio de cargos públicos a partir del año 2003 y que sus bienes comprendían un campo por valor de diez millones de dólares en la provincia de Mendoza, propiedades en el barrio de Puerto Madero de esta ciudad y en la zona de Pilar, provincia de Buenos Aires y que su pareja Thais del Corazón de Jesús Hidalgo tendría inversiones agrícolas”.
Por otra parte, el tribunal consideró que “no procede denegar su salida del archivo para reanudar la investigación cuando ello es ûahora sí- solicitado por el encargado de promover la acción penal”, es decir el fiscal Evers.
Finalmente cabe destacar que la Cámara mandó el expediente a la oficina de sorteos para que determine qué juez investigará a Liuzzi y, además, remitió copias de las actuaciones al juez federal Luis Rodríguez, quien tiene a su cargo la causa por la interrupción del allanamiento ordenado por Oyarbide a la financiera por un llamado del número dos del secretario Carlos.
El 2 de octubre del año 2015, el Sr. Carlos Emilio Liuzzi fue sobreseído por el Juez Luis Rodríguez.
