Usualmente la criminalidad económica se confunde con otro término, la corrupción. Existen distintas definiciones sobre qué es la corrupción. Cada definición ilumina diferentes dimensiones del fenómeno a estudiar, condicionando la línea de trabajo que uno pueda adoptar. A grandes rasgos, una primera postura se centra en la ética pública: aquí, la corrupción se define como una confusión ética entre lo público y lo privado. Una segunda visión relaciona el problema de la corrupción con la falta de transparencia del Estado, sea ésta en forma de obstáculos al acceso a la información pública o en contrataciones direccionadas en el ámbito de los bienes y servicios, entre otras cuestiones. Existe una tercera postura, que es la que promovemos desde el CIPCE: la corrupción es una de las caras de un fenómeno criminal más complejo y más abarcativo, que es la delincuencia económica. Por ende, nuestra mirada no se limita a los delitos cometidos en el sector público, sino que se extiende además a aquellos relacionados con la criminalidad de actores económicos del sector privado.
Así, la criminalidad económica abarca una amplia gama de delitos: desde delitos financieros cometidos por bancos, evasión tributaria, fuga ilícita de capitales al exterior, lavado de activos, delitos de funcionarios públicos (sobornos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, entre otros), y muchas otras formas de delincuencia.
El delito económico se caracteriza por generar un daño social considerable, ya que no solo afecta directamente a las instituciones democráticas, sino que socava el financiamiento estatal producto de la reducción de recursos disponibles para la implementación de políticas públicas. Considerando que los sectores vulnerables son los que más necesitan estas políticas, ellos son los principales perjudicados por la corrupción y la delincuencia económica. Al mismo tiempo, este daño social suele estar invisibilizado: al margen de la indignación general, es complejo tener una conciencia precisa sobre los verdaderos efectos de estos delitos.
A su vez, la persecución selectiva e ineficiente en torno a este tipo de delitos y sus responsables demuestra que existe una situación de impunidad estructural en nuestro sistema judicial. Desde luego, ello se vincula al hecho de que la criminalidad económica suele ser desarrollada por actores poderosos, ligados al poder político y al poder económico.
La criminalidad económica se construye a partir de un poder oculto que define las relaciones entre economía y política. La apertura financiera y las reformas de mercado realizadas en Argentina en las últimas décadas dejaron como resultado un proceso gradual de captura institucional del Estado por parte de los principales grupos económicos. Esa captura se expresa en una poderosa influencia de estos actores económicos en los procesos de toma de decisión, implementación de políticas públicas y distribución de recursos económicos y sociales.